La mediación sacerdotal en Cajamarca ¿añoranzas de un orden tutelar?
Por Jennie Dador
A mediados de la semana pasada el gobierno abandonó su inercia autista y decidió por fin buscar el diálogo con las y los cajamarquinos. Saludable decisión para evitar más muertes y recuperar su liderazgo político como conductor del gobierno. Sin embargo, como testigo del Compromiso con la democracia y contra la dictadura del entonces candidato Ollanta Humala, hoy Presidente de la República, me permito recordarle al gobierno de turno que la democracia no se agota en las elecciones limpias, libres, justas y periódicas; sino que se requiere de su profundización, y para ello la designación de un sacerdote “para poner los paños fríos en Cajamarca”, al margen de los méritos personales de monseñor Cabrejos, no ayuda.
Uno de los principios del Estado democrático moderno es la neutralidad en términos de religión, lo que comprende tanto la independencia del Estado respecto de cualquier doctrina religiosa como la autonomía política en el sustento de sus decisiones, marcos normativos y políticas públicas; así como la participación en cualquier instancia o mecanismo de decisión estatal.
Esta designación refuerza lo que distintos autores denominan el orden tutelar. Es decir, que ante la incapacidad para resolver se corre en busca del “padre” para que resuelva. Si bien esta fórmula funciona en lo inmediato, a lo largo mella la legitimidad de la democracia. En la región, según datos del PNUD, sobre las democracias en América Latina, el 79.7% de los líderes políticos y dirigentes sociales entrevistados (entre los que se incluyen 40 presidentes, vicepresidentes o personas que ocuparon estos puestos), considera que el poder en sus países es ejercido en un 43,8% por las iglesias[1].
Por tanto, la respuesta no pasa por las bizantinas discusiones de más o menos Estado, sino de un Estado independiente de los poderes fácticos, es decir, con poder real, con burocracias competentes y regulador en la generación de las condiciones y oportunidades para que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos sin discriminación o constituir otros nuevos.
[1] Nuestra Democracia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. México: FCE; PNUD, OEA, 2010. Pág. 146.